El nivel de diligencia debida que las empresas deberán llevar a cabo en virtud del EUDR (Reglamento Libre de Deforestación) dependerá del nivel de riesgo de deforestación y degradación forestal asignado a los países exportadores por la Comisión Europea, que a su vez clasificará las jurisdicciones según un sistema de tres niveles.
Los países clasificados como de bajo riesgo tendrán procedimientos de diligencia debida simplificados, mientras que aquellos clasificados como de riesgo estándar o alto riesgo requerirán que las diligencias debidas de los proveedores estén respaldadas por imágenes satelitales que incluyan coordenadas de geolocalización y/o polígonos geoespaciales.
La evaluación de impacto de la Comisión Europea ha estimado que, como resultado, los costos relacionados con el cumplimiento del EUDR para las empresas probablemente ascenderán a entre US$ 170 millones y US$ 2.500 millones por año. El impacto de dichos costos tendría que ser “absorbido por una reducción de los beneficios de los operadores a lo largo de la cadena de valor y/o eventualmente transferido al consumidor final” en los estados miembros de la UE, según la Comisión Europea.
Las empresas no europeas y los productores y comerciantes locales de los países regulados por el EUDR probablemente registrarán mayores costos relacionados con las exportaciones a la UE.
Los proveedores con sede en países que exportan a la UE deberán proporcionar documentos y certificados de trazabilidad a los socios europeos, con un umbral más alto en ciertas áreas de la Amazonia, Indonesia y África. Esto ha llevado a algunos de los países productores a expresar su preocupación por el aumento de los costos de exportación a la UE por parte del EUDR, lo que podría poner en riesgo a las pequeñas y medianas empresas. Entre los países que han expresado tales preocupaciones se encuentran Colombia, Indonesia y Malasia. Estos dos últimos han dicho, por ejemplo, que el EUDR contradice los principios no discriminatorios de la Organización Mundial del Comercio y que es probable que las pequeñas y medianas empresas tengan dificultades para adaptarse a los procedimientos de certificación y trazabilidad del EUDR, ya que requerirían nuevas tecnologías, procesos y costos administrativos para cumplir con la normativa. Sin embargo, ambos países han acordado formar un grupo de trabajo técnico conjunto con la UE para estudiar los efectos del EUDR.
