En febrero, las asociaciones de aserraderos y de la industria maderera de la región se reunieron en el marco del encuentro de Año Nuevo 2024 en Zúrich para discutir las actuales condiciones económicas y políticas. El foco de las discusiones fue el aumento de la regulación desde Bruselas y su impacto en la industria. Con el Reglamento sobre la Deforestación de la UE (EUDR), las empresas de todos los países se enfrentan a grandes desafíos y cargas significativas y temen interrupciones a lo largo de toda la cadena de valor.
“Los bosques y la madera se han enfrentado en los últimos años a cada vez más desafíos a nivel europeo. Aunque en los últimos meses las condiciones económicas se han deteriorado considerablemente, las regulaciones adicionales y los requisitos de documentación generan cargas adicionales considerables y, a veces, requisitos incumplibles para las empresas”, afirman los representantes de la asociación. “En lugar de reducir selectivamente la burocracia y establecer así el marco para la recuperación económica a largo plazo y la transformación hacia la protección del clima, los políticos en Bruselas están aceptando desventajas competitivas y de ubicación que podrían conducir a distorsiones entre países”.
En particular, la aplicación del Reglamento de la UE sobre la deforestación pende sobre el sector como una espada de Damocles, afirman las asociaciones. Después de que la fase de prueba del EUDR revelara deficiencias evidentes y demostrara que la implementación según las especificaciones actuales no es posible, las asociaciones piden un cambio de rumbo: “Desde el principio se advirtió contra una regulación excesiva y especificaciones poco realistas. El plazo y los requisitos del EUDR ahora deben ajustarse para que se garantice una implementación práctica y legalmente segura con mitigaciones para los países con áreas forestales demostrablemente estables, gestión forestal sostenible y una legislación nacional integral. De lo contrario, toda la cadena de valor corre el riesgo de hundirse en la burocracia, con consecuencias negativas para la protección del clima, la vivienda sostenible y el desarrollo económico de toda la UE”.
